CONFLICTOS CON EL SISTEMA INSTITUCIONAL

Uno de los requerimientos básicos de un sistema políticos es el permitir formas eficaces de participación popular, esto no es algo característico de una determinada organización política, es posible su aplicación en cualquiera, pero algo que resulta clave es una buen funcionamiento y además ese sistema cuente con las reglas instauradas, para permitir su practica pertinente, con el propósito de tener un vinculo entre las organizaciones populares y con el Estados, en donde exista la comprensión entre ello, sea posible el dialogo.
Durante el gobierno de Allende, al querer aumentar esa participación y crear esa relación, provoca un abuso del uso de los plebiscitos los utilizaba de cierta forma para fortalecer o debilitar algo, era donde radicaban unos de los errores al abusar de este recurso, esto se suma a la finalidad, era la de resolver problemas del interior del aparato estatal, eran temas solo correspondientes a su función. Las fallas se volvían a presentar al no saber encausar esa participación en temas referentes a los trabajadores, así poder orientar la organización hacia la integración de un proyecto funcional.
“Un gobierno, como el de la Unidad popular, que se proponía introducir transformaciones profundas dentro de la organización económica, social y política chilena, respetando la juricidad vigente, era un Gobierno que necesitaba imperiosamente de instrumentos legales nuevos”
[9].
Entre otros de los problemas surgen en la oposición política a la aplicación del programa de la Unidad Popular, en especifico la determinación del presidente Allende y el respaldo de las fuerzas sociales en la dirección de un llevar a Chile al socialismo, provocando divergencias entre el bloque de izquierda y el conservador, alcanzando una expresión institucional, los miembros del bloque opositor afianza la unión interna de los partidos de la Democracia Cristina con el Partido Nacional.
Es una alianza que se dedica de la manera más sencilla a poner obstáculos al gobierno de izquierda, esto o lograron por la vía legal, donde realizaban interpretaciones de acuerdo a su conveniencia e intereses, la desnaturalización del régimen político y la redistribución de asignaciones del poder instituidas en la Constitución de 1925.
“Las leyes dicen, en definitiva, lo que quieren que digan los encargados de aplicarlas; de modo que en tanto no se cuente con los tribunales y con los organismos de fiscalización lega, el que quiere invocar o demostrar lo que realmente la ley dice, está perdido y con mayor razón si no es revolucionario”
[10].
La redistribución era porque el poder concentrado en el Ejecutivo, quien tenia el manejo completo de las políticas de seguridad social y seguridad, con el objetivo de tener una mejor organización en el sistema de planificación, entonces el presidente no solo era el “Jefe supremo de la Nación” sino además administraba al Estado referente a su economía, pero no era lo único además en materia legislativa desempeñaba un papel importante como colegislador en la formación de las leyes.
Los conservadores buscaban un bloqueo a partir de quietar ciertas labores al presidente y dárselas al Congreso Nacional, era básicamente un cambio en la configuración del régimen político chileno.
De acuerdo con lo mencionado en la constitución a la respecto de la estructura del gobierno es, “a) el predominio efectivo del Presidente de la República como actor central del sistema, capaz de cumplir las tareas de administración y dirección del Estado; b) un equilibrio entre el presidente y el Congreso en todo lo relativo a la creación de una ley, tanto fundamental como ordinaria”
[11].
El trabajo en conjunto del Presidente con el Congreso se empezó a

distorsionar, al terminar dependiendo de su apoyo para lograr las mayorías parlamentarias en diversos temas y así lograr la aprobación para llevar a cabo algo. Pero el lograr un consenso a favor de una propuesta realizada por el presidente, no era nada fácil, porque el bloque de oposición fue encontrando de cierta manera aliados, empezaron a controlar a la mayoría.
Entonces en un sistema institucional su operación se caracterizó por los empates políticos. Por lo cual el funcionamiento del sistema político entre 1923 a 1973, existía alternativas para el ejercicio del poder, referente a la formación de las decisiones políticas, en donde la oposición tenía un mayor bloqueo, esas vías alternas eran:
“1) Una zona de predominio de la voluntad del Presidente de la República. Esta se configuraba sólo cuando las fuerzas que respaldan al Gobierno disponían, en ambas ramas del Congreso, del respaldo de la mayoría absoluta de sus integrantes.
2) Una zona de predominio de las fuerzas parlamentarias que hacía oposición al Poder Ejecutivo. Éste tenía ligar cuando la oposición disponía a los menos, de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados y de los dos tercios de los componentes del Senado.
3) Una franja bastante amplia de equilibrio institucionales que gráficamente se situaría entre las dos alternativas anteriores; es decir, se producían cuando la oposición tenía una mayoría que no le daba poder decisorio (bien porque contaba con una mayoría en ambas ramas, pero no alcanzaban a los dos tercios de los Senadores, o bien porque la voluntad del Congreso Nacional era discordante y en una rama de ellas predominaban las fuerzas del gobierno y en las otras las de oposición, cualquiera que fuera la distribución que internamente se produjera”
[12].
Estas vías se delimitan por las diversas soluciones o alternativas que podemos encontrar de acuerdo a las condiciones que se presenten en el sistema institucional chileno, con el objetivo de asegurar el régimen presidencial. Era representado por cuatro instituciones claves: las iniciativas legislativas, las urgencias, el sistema de observaciones o vetos del Presidente de la República y las acusaciones constitucionales.
Las iniciativas legislativas, tenia preferencias del Presidente referente a las iniciativas de las leyes sobre diversas materias señalas en el articulo 45, son relacionados al régimen provisional, de seguridad social y la ley de presupuestos y sus modificaciones. Es una parte donde queda privada las acciones parlamentarias, quienes se dedicaban a satisfacer favores a través de los proyectos de ley, que significarían un beneficio, como en diversas ocasiones sucedió.
A pesar de que el parlamento ya no podía seguir realizando iniciativas, seguía efectuando dicha acciones cuando la terminaban buscaban una negociación directa con el Presidente o con el Ministro de Estados, pero también era un instrumento de negociación del poder ejecutivo con los parlamentarios del bloque opositor, estos les permitía concretar los proyectos que de otra forma no eran posibles su realización.
En cuanto a la institución de la urgencia era una función similar a lo antes mencionado, ya que la constitución confería el poder al Presidente de apresurar la aprobación de un proyecto de ley, la conducían con esa etiqueta, se les daba dicha información al Congreso y saber la importancia de su aprobación, ya solo que daba en manos del Poder Ejecutivo, pero no era un procedimiento que aceptaran del todo los parlamentarios, imponían condiciones respecto a las leyes que eran de sus interés se debía llegar al consenso y la aprobación del Gobierno.
La parte fundamental del proceso de formulación de normas jurídicas eran en Chile, las observaciones presidenciales, procedimiento se daba posterior a su aprobación ordinaria del Congreso Nacional, se mandaba al Presidente, proceso con dos probabilidades, la primera era si compartía puntos de interés para ambas partes se aprobaba y se promulgaba, cuando había divergencias respecto a su contenido, se sometía a la prerrogativa constitucional, es decir se realizaba una segunda revisión del contenido por parte del Congreso Nacional.
Respecto a la aprobación de una observación presidencial, el proceso era obtener el voto de la mayoría de los integrantes tanto de la Cámara de Diputados como de los Senadores, de lo contrario se restablecía lo anterior y era parte de un bloqueo para elementos en contra de sus intereses, para hacer viable algo se debía reunir dos tercios de los miembros presentes, si se trataba de una ley común o de dos tercios de las mayorías de la Cámara de Diputad

os y del Senado cuando era un Reforma Constitucional. Era la forma de hacer prevalecer la voluntad parlamentaria por sobre de las decisiones presidenciales.
El valor de las observaciones era un arma para la formación de las decisiones obligatorias, ya que mientras tuviera el Presidente del respaldo de los dos tercios del poder legislativo, esto indicaba de cierto modo una equilibrio en la fuerzas, en el momento en el cual el bloque opositor conformaba el numero requerido, ninguno de los dos poderes se lograba imponer sus determinaciones.
“El Presidente de la República estaría en condiciones, a través de las observaciones supresitas, de hacer desaparecer cualquier iniciativa parlamentaria que contraviniera sus propias políticas, pero la mayoría del Congreso estaría igualmente en posibilidad de frenar proyectos emanadas del Ejecutivos, pronunciándose, incluso en contra de la idea de legislar, con la cual podía impedir que fueran renovadas esas iniciativas antes de un año, cuando el rechazo se producía de la Cámara de origen.
Esta mutua capacidad de “frenos y contrapesos legislativos, obvio es decirlo, desempeñó durante un largo tiempo un papel moderador de los conflictos existentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo […] durante el gobierno del presiente Allende no sólo las posibilidades de ampliación de la representación a favor de las organizaciones populares y de trabajadores estuvieron fuertemente limitadas por el ordenamiento legal vigente, sino que aún la actividad de las autoridades que intentaron, desde sus cargos, en un sector del aparato estatal, hacer predominar los intereses de esos grupos, luego de un efecto de sorpresa inicial, fueron obstruidos desde el aparato institucional, lo que redujo todavía más sus escasa posibilidades de éxito ”
[13].
Aún los principios legales vigentes, que parecen favorecer cambios o transformaciones sociales, constituyen en definitiva una trampa que aprisiona y que compromete a quien los utiliza con ánimo de producir verdaderas transformaciones revolucionarias [...] La burguesía se desentiende por entero de la legalidad que dice defender, cada vez que le conviene; así quedó demostrado en el caso chileno”
[14].
[1] Maira, Luis, pp. 49-50
[2] Ídem, pp.66
[3] Ídem, pp.50
[4] Aguilar, Alonso, El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo, pp.44
[5] Maira, Luis, pp. 51
[6] Bruna, Susana, Chile: la legalidad vencida, pp.69
[7] Maira, Luis, pp. 52
[8] Ídem, pp. 54-55
[9] Aguilar, Alonso, El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo, pp. 192
[10] Ídem, pp. 203
[11] Maira, Luis,p.57
[12] Ídem, pp. 58
[13] Ídem, pp.61,69
[14] El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo, pp. 203-204
Bibliografía
MAIRA, Luís. Chile: Autoritarismo, Democracia y Movimiento Popular. Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 1984.
AGUILAR, Alonso. El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo. Instituto de Investigaciones Económicas, México, 1976
BRUNA, Susana. Chile: la legalidad vencida. Serie popular Era, México, 1976.
WRTKE, Alejandro. Chile: sociedad y política . del acta de la independencia a nuestros días. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1978.
RODRÍGUEZ, Felipe. Crítica de la Unidad Popular. Fontamara, Barcelona, 1975