DIFICULTADES DEL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE

Durante el periodo de gobierno de Salvador Allende (1970-1973), se caracterizó por tener un sin número de obstáculos, los cuales iban desde las fuerzas de oposición hasta el régimen político, cabe señalar el que estaba vigente en ese tiempo se había establecido con base a la Constitución de 1925 y respecto a los criterios básicos de la democracia representativa.
Es uno de los obstáculos a los que se enfrenta la el programa de Gobierno de la Unidad Popular, la estrategia era conducir al socialismo, en conjunto con un orden económico y transformación social, “como una meta básica conseguir el traspaso del poder político de manos de las minorías formada por los empresarios y profesionales liberales de altos ingresos, a la de la mayoría de los trabajadores”[1].

“El gobierno de la Unidad Popular y el Presidente Salvador Allende-adoptaba un proyecto de transformación radical de la sociedad que partía por cuestionar las bases de las que derivan el poder de los sectores conservadores e iniciaba un proceso de expropiación de los medios productivos que ellos controlaban y de redistribución del ingreso a favor de las capas más pobres y postergadas de las población”[2].

Pero como sabemos en el plano del discurso es posible plantear muchas cosas y proyectos, lo interesantes es observar, si es posible si realización o están los elementos necesarios para materializar esas palabras en hechos. En este caso no era tan fácil llevar a acabo tal cual lo planteado por Allende, sumado a los elementos antes mencionado se suma que la concepción política, donde el poder radica en la Nación y no en el pueblo, expresado en el artículo dos (“la soberanía reside esencialmente en la Nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece”[3]) de la reforma de la Ley Fundamental en la constitución de 1925.

Por lo cual la representación en Chile estaba vinculada con las formas de mediación parlamentarias, marcó cierta dificultad para el reconocimiento de las diversas organizaciones populares, asimismo de su participación en las decisiones públicas.

“Chile necesita un gobierno popular antiimperialista y antioligárquico, que tenga el apoyo de la mayoría nacional, constituidos por todos los partidos y corrientes que coincidan en un programa de transformaciones revolucionarias. […] Nos pronunciamos por el gobierno popular, partidista, amplio, fuerte revolucionario, realizador, que le asegure al país estabilidad democrática y acelerado preobres social, económico y político, y le dé al pueblo plena libertad”[4].

Lo planteado por las normas jurídicas y la realidad, no tenían correspondencia, causando severos problemas, es parte de los motivos, que detonan en Chile una serie de circunstancias, conduciéndolo a ser en ese entonces unos de los países de América Latina, con un superior desarrollo referente a las organizaciones sociales y populares.

“Las organizaciones de trabajadores rechazan la conciliación social y asumen el objetivo de la transformación completa de la sociedad con mira a remplazar las formas de organización capitalista por otras en que ellos tengan un papel dirigente y sus intereses predominen con claridad. El movimiento obrero da lugar a constantes luchas por mejores condiciones de vida, en las que se va fortaleciendo la organización, se refuerza la tendencia a la unidad sindical y se articulan organizaciones nacionales”[5].

La lucha por medio de las organizaciones demostraron tener el conocimiento, para lograr acciones reivindicativas que iban de acuerdo a sus objetivos, un ejemplo de esto fueron en materia legal reflejados en los ordenamientos jurídicos. Implicando una mayor movilización e incremento de los movimientos al ver los resultados, se queda establecido la necesidad de la unidad, la lucha y la organización.

Además les permitió una mayor expresión en el ámbito político, esto se convirtió en el incremento de seguidores con preferencias políticas de izquierda, se reflejo en el Partido Comunista y posteriormente el Partido Socialistas, ambos afines al movimiento obrero.

“La conquista de poder político por el proletariado y sus aliados, organizados en una alianza en la cual aquel que ejerce la hegemonía, es históricamente diferente al ascenso político de la burguesía, en el sentido de que la primera abre una proceso de transformación de las relaciones de de producción con el objetivo de construir una nueva sociedad en la cual existan las clases sociales, la sociedad comunista”[6].

Empiezan a tomar fuerzas las diversas organizaciones populares, se le pone un freno mediados de la década de los setenta, los afectados en este caso son los movimientos de campesinos, que a través de la legislación se impide la propagación de sindicatos en los sectores rurales.

Entonces se ponen ciertas normas para restringir la su formación, la cual se acepta bajo ciertas condiciones, de acuerdo a las características de la población no se podían cumplir fácilmente los requisitos eran los siguientes: para la formación de un sindicato agrícola solo podía ser integrado por no más de 25 trabajadores, los cuales debían pertenecer al mismo predio y deberían saber leer y escribir.

Si se toma en cuenta el hecho de que más del 50% de la población rural chilena era analfabeta. Los pocos sindicatos conformados, para hacer más compleja su labor se les quitaba el fuero sindical a los dirigentes y además les impedían reunirse en las épocas de siembra, finalmente eran los momentos en los cuales los campesinos se podían reunir para ejercer presión.

Lo antes mencionado se lleva a cabo para evitar la ploriferación de este tipo de organizaciones, para lo cual se toman esas medidas, aprueban el Congreso, en donde cabe señalar esta integrado en su mayoría por los propietarios agrícolas, en 1948 se da la aprobación de la Ley 8.811, la prohibición de organizaciones sindicales para el campo. Fue una de las maneras para mantener prevenir y evitar la formación de las organizaciones sindicales, permitiendo tener durante un cierto periodo de calma.

Fue un panorama que no tardo en cambiar, con la administración de Jorge Alessandri, a inicio de los sesenta, por las condiciones de explotación en el campo, favoreciendo el movimiento en apoyo de la reforma agraria y el sindicalismo.

En cuanto al contexto internacional, las secuelas de la Revolución Cubana, estaban marcando la pauta para la transformación y aplicación del modelo socialista. “El gobierno de Estados Unidos dirigido por Kennedy, advirtió con prontitud la peligrosidad de esta experiencia y, sobre todo, el riesgo de la propagación de sus objetivos entre las masas rurales latinoamericanas explotadas y hambrientas”[7]

Parte de los factores antes mencionados, más un contexto poco favorable para ciertos sectores induce al crecimiento de las organizaciones de los trabajadores del campo hasta llegar a ser aproximadamente más de 100 mil afiliados, al ver la situación se dicta la nueva Ley de Sindicalización Campesina.

Mientras en el campo se presentaba esa situación, se empieza a reflejar ese tipo de fenómenos sociales con cierta relevancia por la organización de los sectores poblacionales, producto de las emigraciones a causa de la crisis, fueron formando los denominados sectores marginales, condiciones en las cuales inician una lucha del movimiento obrero, por medio del cual exigían a las prestaciones básicas de salud, educación yen tareas de urbanización.

“Todos estos fenómenos de multiplicación de la organización social. No pasaron por cierto, inadvertidos para los integrantes de los poderes públicos, tanto el Ejecutivo como en el Congreso.

Sin embargo, su capacidad de respuesta fue, sin duda, inferior a la percepción que tuvieron de esas nuevas tendencias. En la práctica, las modificaciones que se introdujeron para dar representaciones a las nuevas fuerzas sociales resultaron muy escasas. Menor aún si fue su efecto, puesto que las reformas parciales realizadas, diluidas en el contexto de la legislación tradicional, que desconocía la existencia de grupos emergentes, no se hicieron sentir en ningún cambio de actitud [...] La evolución del movimiento obrero y popular chileno u los proyecto que éste asume como propios pusieron, de esta manera, de manifiesto una suerte de divorcio cada vez mayor entre la nueva realidad social y el orden jurídico comenzando por la Constitución. Este fenómeno era prexistente a la llegada de Salvador Allende al poder, pero sin duda se agudizó luego de ésta, en la medida que la estructura institucional, al carecer de la flexibilidad necesaria para ajustarse a las exigencias del nuevo proyecto político histórico, se constituyó en una marco rígido que frenó el proceso de transformaciones e introdujo diversos conflictos y deformaciones, determinantes del desenlace de septiembre de 1973”[8].

CONFLICTOS CON EL SISTEMA INSTITUCIONAL

Uno de los requerimientos básicos de un sistema políticos es el permitir formas eficaces de participación popular, esto no es algo característico de una determinada organización política, es posible su aplicación en cualquiera, pero algo que resulta clave es una buen funcionamiento y además ese sistema cuente con las reglas instauradas, para permitir su practica pertinente, con el propósito de tener un vinculo entre las organizaciones populares y con el Estados, en donde exista la comprensión entre ello, sea posible el dialogo.

Durante el gobierno de Allende, al querer aumentar esa participación y crear esa relación, provoca un abuso del uso de los plebiscitos los utilizaba de cierta forma para fortalecer o debilitar algo, era donde radicaban unos de los errores al abusar de este recurso, esto se suma a la finalidad, era la de resolver problemas del interior del aparato estatal, eran temas solo correspondientes a su función. Las fallas se volvían a presentar al no saber encausar esa participación en temas referentes a los trabajadores, así poder orientar la organización hacia la integración de un proyecto funcional.

“Un gobierno, como el de la Unidad popular, que se proponía introducir transformaciones profundas dentro de la organización económica, social y política chilena, respetando la juricidad vigente, era un Gobierno que necesitaba imperiosamente de instrumentos legales nuevos”[9].

Entre otros de los problemas surgen en la oposición política a la aplicación del programa de la Unidad Popular, en especifico la determinación del presidente Allende y el respaldo de las fuerzas sociales en la dirección de un llevar a Chile al socialismo, provocando divergencias entre el bloque de izquierda y el conservador, alcanzando una expresión institucional, los miembros del bloque opositor afianza la unión interna de los partidos de la Democracia Cristina con el Partido Nacional.

Es una alianza que se dedica de la manera más sencilla a poner obstáculos al gobierno de izquierda, esto o lograron por la vía legal, donde realizaban interpretaciones de acuerdo a su conveniencia e intereses, la desnaturalización del régimen político y la redistribución de asignaciones del poder instituidas en la Constitución de 1925.

“Las leyes dicen, en definitiva, lo que quieren que digan los encargados de aplicarlas; de modo que en tanto no se cuente con los tribunales y con los organismos de fiscalización lega, el que quiere invocar o demostrar lo que realmente la ley dice, está perdido y con mayor razón si no es revolucionario”[10].

La redistribución era porque el poder concentrado en el Ejecutivo, quien tenia el manejo completo de las políticas de seguridad social y seguridad, con el objetivo de tener una mejor organización en el sistema de planificación, entonces el presidente no solo era el “Jefe supremo de la Nación” sino además administraba al Estado referente a su economía, pero no era lo único además en materia legislativa desempeñaba un papel importante como colegislador en la formación de las leyes.

Los conservadores buscaban un bloqueo a partir de quietar ciertas labores al presidente y dárselas al Congreso Nacional, era básicamente un cambio en la configuración del régimen político chileno.

De acuerdo con lo mencionado en la constitución a la respecto de la estructura del gobierno es, “a) el predominio efectivo del Presidente de la República como actor central del sistema, capaz de cumplir las tareas de administración y dirección del Estado; b) un equilibrio entre el presidente y el Congreso en todo lo relativo a la creación de una ley, tanto fundamental como ordinaria” [11].

El trabajo en conjunto del Presidente con el Congreso se empezó a distorsionar, al terminar dependiendo de su apoyo para lograr las mayorías parlamentarias en diversos temas y así lograr la aprobación para llevar a cabo algo. Pero el lograr un consenso a favor de una propuesta realizada por el presidente, no era nada fácil, porque el bloque de oposición fue encontrando de cierta manera aliados, empezaron a controlar a la mayoría.

Entonces en un sistema institucional su operación se caracterizó por los empates políticos. Por lo cual el funcionamiento del sistema político entre 1923 a 1973, existía alternativas para el ejercicio del poder, referente a la formación de las decisiones políticas, en donde la oposición tenía un mayor bloqueo, esas vías alternas eran:

“1) Una zona de predominio de la voluntad del Presidente de la República. Esta se configuraba sólo cuando las fuerzas que respaldan al Gobierno disponían, en ambas ramas del Congreso, del respaldo de la mayoría absoluta de sus integrantes.

2) Una zona de predominio de las fuerzas parlamentarias que hacía oposición al Poder Ejecutivo. Éste tenía ligar cuando la oposición disponía a los menos, de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados y de los dos tercios de los componentes del Senado.

3) Una franja bastante amplia de equilibrio institucionales que gráficamente se situaría entre las dos alternativas anteriores; es decir, se producían cuando la oposición tenía una mayoría que no le daba poder decisorio (bien porque contaba con una mayoría en ambas ramas, pero no alcanzaban a los dos tercios de los Senadores, o bien porque la voluntad del Congreso Nacional era discordante y en una rama de ellas predominaban las fuerzas del gobierno y en las otras las de oposición, cualquiera que fuera la distribución que internamente se produjera”[12].

Estas vías se delimitan por las diversas soluciones o alternativas que podemos encontrar de acuerdo a las condiciones que se presenten en el sistema institucional chileno, con el objetivo de asegurar el régimen presidencial. Era representado por cuatro instituciones claves: las iniciativas legislativas, las urgencias, el sistema de observaciones o vetos del Presidente de la República y las acusaciones constitucionales.

Las iniciativas legislativas, tenia preferencias del Presidente referente a las iniciativas de las leyes sobre diversas materias señalas en el articulo 45, son relacionados al régimen provisional, de seguridad social y la ley de presupuestos y sus modificaciones. Es una parte donde queda privada las acciones parlamentarias, quienes se dedicaban a satisfacer favores a través de los proyectos de ley, que significarían un beneficio, como en diversas ocasiones sucedió.

A pesar de que el parlamento ya no podía seguir realizando iniciativas, seguía efectuando dicha acciones cuando la terminaban buscaban una negociación directa con el Presidente o con el Ministro de Estados, pero también era un instrumento de negociación del poder ejecutivo con los parlamentarios del bloque opositor, estos les permitía concretar los proyectos que de otra forma no eran posibles su realización.

En cuanto a la institución de la urgencia era una función similar a lo antes mencionado, ya que la constitución confería el poder al Presidente de apresurar la aprobación de un proyecto de ley, la conducían con esa etiqueta, se les daba dicha información al Congreso y saber la importancia de su aprobación, ya solo que daba en manos del Poder Ejecutivo, pero no era un procedimiento que aceptaran del todo los parlamentarios, imponían condiciones respecto a las leyes que eran de sus interés se debía llegar al consenso y la aprobación del Gobierno.

La parte fundamental del proceso de formulación de normas jurídicas eran en Chile, las observaciones presidenciales, procedimiento se daba posterior a su aprobación ordinaria del Congreso Nacional, se mandaba al Presidente, proceso con dos probabilidades, la primera era si compartía puntos de interés para ambas partes se aprobaba y se promulgaba, cuando había divergencias respecto a su contenido, se sometía a la prerrogativa constitucional, es decir se realizaba una segunda revisión del contenido por parte del Congreso Nacional.

Respecto a la aprobación de una observación presidencial, el proceso era obtener el voto de la mayoría de los integrantes tanto de la Cámara de Diputados como de los Senadores, de lo contrario se restablecía lo anterior y era parte de un bloqueo para elementos en contra de sus intereses, para hacer viable algo se debía reunir dos tercios de los miembros presentes, si se trataba de una ley común o de dos tercios de las mayorías de la Cámara de Diputados y del Senado cuando era un Reforma Constitucional. Era la forma de hacer prevalecer la voluntad parlamentaria por sobre de las decisiones presidenciales.

El valor de las observaciones era un arma para la formación de las decisiones obligatorias, ya que mientras tuviera el Presidente del respaldo de los dos tercios del poder legislativo, esto indicaba de cierto modo una equilibrio en la fuerzas, en el momento en el cual el bloque opositor conformaba el numero requerido, ninguno de los dos poderes se lograba imponer sus determinaciones.

“El Presidente de la República estaría en condiciones, a través de las observaciones supresitas, de hacer desaparecer cualquier iniciativa parlamentaria que contraviniera sus propias políticas, pero la mayoría del Congreso estaría igualmente en posibilidad de frenar proyectos emanadas del Ejecutivos, pronunciándose, incluso en contra de la idea de legislar, con la cual podía impedir que fueran renovadas esas iniciativas antes de un año, cuando el rechazo se producía de la Cámara de origen.

Esta mutua capacidad de “frenos y contrapesos legislativos, obvio es decirlo, desempeñó durante un largo tiempo un papel moderador de los conflictos existentes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo […] durante el gobierno del presiente Allende no sólo las posibilidades de ampliación de la representación a favor de las organizaciones populares y de trabajadores estuvieron fuertemente limitadas por el ordenamiento legal vigente, sino que aún la actividad de las autoridades que intentaron, desde sus cargos, en un sector del aparato estatal, hacer predominar los intereses de esos grupos, luego de un efecto de sorpresa inicial, fueron obstruidos desde el aparato institucional, lo que redujo todavía más sus escasa posibilidades de éxito ”[13].

Aún los principios legales vigentes, que parecen favorecer cambios o transformaciones sociales, constituyen en definitiva una trampa que aprisiona y que compromete a quien los utiliza con ánimo de producir verdaderas transformaciones revolucionarias [...] La burguesía se desentiende por entero de la legalidad que dice defender, cada vez que le conviene; así quedó demostrado en el caso chileno”[14].

[1] Maira, Luis, pp. 49-50
[2] Ídem, pp.66
[3] Ídem, pp.50
[4] Aguilar, Alonso, El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo, pp.44
[5] Maira, Luis, pp. 51
[6] Bruna, Susana, Chile: la legalidad vencida, pp.69
[7] Maira, Luis, pp. 52
[8] Ídem, pp. 54-55
[9] Aguilar, Alonso, El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo, pp. 192
[10] Ídem, pp. 203
[11] Maira, Luis,p.57
[12] Ídem, pp. 58
[13] Ídem, pp.61,69
[14] El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo, pp. 203-204


Bibliografía
MAIRA, Luís. Chile: Autoritarismo, Democracia y Movimiento Popular. Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 1984.
AGUILAR, Alonso. El Gobierno de Allende y la lucha por el socialismo. Instituto de Investigaciones Económicas, México, 1976
BRUNA, Susana. Chile: la legalidad vencida. Serie popular Era, México, 1976.
WRTKE, Alejandro. Chile: sociedad y política . del acta de la independencia a nuestros días. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1978.
RODRÍGUEZ, Felipe. Crítica de la Unidad Popular. Fontamara, Barcelona, 1975

EL GOLPE DE ESTADO (De abril a septiembre de 1973)

El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende fue elegido presidente de la República de Chile con un 36.3%. Frei, presidente anterior, entregaba a Allende algo más que un cargo: ponía en sus manos un país económicamente maltrecho y una conjura, un complot en marcha.

Las amenazas de un golpe de Estado militar son anteriores a Allende, previas a las elecciones. Sin embargo durante el tiempo en el que se mantuvo en el poder hubo muchos conflictos, sin embargo los más cercanos al golpe de estado y que fueron detonantes para el mismo.

El triunfo de la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, que fue obtenido a pesar del complot nacional e internacional y de la desestabilización de la economía provocada por el paro de Octubre de 1972. El jefe del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa había fijado como objetivo durante esas elecciones el aumento del poder parlamentario de la oposición, de manera de contar con los dos tercios del Senado, lo que le permitiría enjuiciar y destituir legalmente a Allende. Para lograrlo, entre el Partido Nacional y el Demócrata Cristiano deberían lograr entre el 60 y el 70% de los votos, lo que a su vez debería implicar bastante menos del 30% para la Unidad Popular.

El Partido Federado de la Unidad Popular sube hasta el 43.4%, más de siete puntos por encima de las presidenciales en las que había sido electo, en 1970. Con los resultados apuntados, la oposición, se quedó sin la posibilidad de derrocar legalmente a Allende.

Durante el mes de abril de 1973, se inicia una huelga de los trabajadores, en demanda de mayores salarios, en la mina de cobre. Esta dura 74 días y se convierte en uno de los elementos más desestabilizadores de la situación. En ese mismo mes no pasaba día sin que grupos uniformados, con pantalones y chaquetas de cuero negro, desfilen en formación militar, con sus banderas desplegadas al viento y sus puños con defensas de hierro y golpeando a cualquiera que los contradecía, o que replica a sus gritos contra el gobierno.

  Al siguiente mes, en mayo. Chile comienza a tener una desestabilización, el Colegio Médico, con una dirección derechista proclama un paro de 48 horas, el cual es seguido por la mayoría de los profesionales, que llegan hasta el abandono de las guardias y las urgencias. Ante esto Prats advierte que la situación puede derivar hacia un golpe de estado.

En junio la Democracia Cristiana se vuelca con mayor decisión a las calles, encabezando a los mineros huelguistas de El Teniente y a los estudiantes de enseñanza media. Una de estas manifestaciones choca con jóvenes de la Unidad Popular y ambos bandos son disueltos por la policía con bombas lacrimógenas, carros lanzadores de agua y tanquetas.

Las calles de Santiago vuelven a ser escenario de fuertes enfrentamientos, con manifestaciones y contramanifestaciones. Para el 26 de junio se producen dos hechos enfilados directamente hacia el golpe de estado.

PELÍCULA MACHUCA

Para el 29 de junio de 1973, un sector de Ejército se alza contra el Gobierno. Una columna de tanques de los insurrectos se detiene frente a La Moneda. Calles más adelante las tropas bajan de los transportes, y se despliegan en guerrilla, de uno de los tanques surge un grito que sonaba “¡Abajo los comunistas, muera el comunista Allende”!. A este hecho se le conoce como el “tanquetazo”, que representó un ensayo general del que mucha gente sacó conclusiones de lo que podría venir en un futuro.

Ya para el 9 de Septiembre de 1973, al finalizar el discurso del Secretario General, Carlos Altamirano, en el Estadio Chile. Un grupo de manifestantes del Partido Socialista pasaba frente al Ministerio de Defensa coreando Ya van a ver/ ya van a ver/ cuando lo obreros/ tomemos el poder. Los ánimos de los manifestantes fueron caldeados por el fogoso discurso de Altamirano.

Un factor clave, decisivo en esos momentos para anticipar el golpe de estado fue el control del Partido Demócrata Cristiano por el sector derechista de su dirección.

El lunes 10 de septiembre, el país amanece paralizado por la huelga de camioneros y con la mayoría del parlamento en rebeldía institucional dando un respaldo legal al golpe. Se inicia otro para del comercio detallista, los médicos declaran otra huelga por tiempo indefinido, los pilotos huelguista de LAN  Chile llevan sus aviones a los hangares militares para evitar su requisición por el Gobierno, dos centenares de mujeres opositoras se manifiestan frente al Ministerio de Defensa pidiendo el derrocamiento  del gobierno, regresa a Chile el exiliado jefe de Patria y Libertad Pablo Rodríguez, y se denuncian torturas a trabajadores, perpetradas por efectivos de la Fuerza Aérea actuando en misión oficial, ordenada por su Comando en Jefe.

Por la mañana del mismo día, Pinochet informa al ministro de Defensa, Letelier, que las guarniciones están tranquilas y que ha ordenado el acuartelamiento del Ejército en prevención de los disturbios que se pudieran producir como rechazo derechista al discurso de Altamirano en el Estadio Chile. Después cita a los generales Bonilla, Brady, Benavides, Arellano, Palacios y al coronel Geiger, y les comunica la decisión golpista adoptada la noche anterior y les asigna sus misiones respectivas.

Mientras tanto Allende expone los puntos generales del discurso que prepara para pronunciar al día siguiente por la cadena de radio y televisión, que dará trámite de urgencia a la discusión en el parlamento do los dos proyectos negociados con el Partido Demócrata Cristiano y que al terminar el 15 de Septiembre el período ordinario de sesiones convocara a las cámaras en legislatura extraordinaria para el 20, para tratar sólo esos dos proyectos de ley.

Sin embargo a las 23:00 hrs, Olivares recibe una llamada y avisa que dos camiones con soldados han salido de Los Andes hacia Santiago, y que el regimiento allí está acuartelado.

El martes 11 de septiembre en Valparaíso, destacamentos de la Armada, al mando del Almirante José Toribio Merino, ya se habían desplegado, ocupando poblaciones, fábricas, oficinas del gobierno, el puerto, universidades y medios de comunicación.

Al mismo tiempo Allende ya había dado órdenes a Brady para que ponga en ejecución los planes de defensa, se preocupa por la situación del general Urbina y da otras instrucciones, creyendo que cuenta con la lealtad de Pinochet.